El debate sobre la seguridad de nuestros hijos y la justicia para las víctimas de delitos sexuales ha vuelto a encenderse en el panorama internacional. Los últimos meses, Italia a sacudió al mundo al dar los primeros pasos legislativos para implementar la castración química en agresores sexuales. Mientras Europa avanza hacia medidas de control más estrictas, en Panamá nos queda una pregunta incómoda pero necesaria: ¿Por qué dejamos morir esta discusión en nuestra Asamblea Nacional?
El modelo italiano: Prevención sobre impunidad
La Cámara de Diputados en Italia ha aprobado la creación de un comité para redactar una ley que permita aplicar tratamientos bloqueadores de testosterona a violadores. Aunque se plantea como una medida voluntaria a cambio de beneficios penales, el mensaje es claro: el Estado no puede limitarse a encerrar a un agresor y esperar que, por «arte de magia», deje de ser un peligro para la sociedad al cumplir su condena.
No podemos olvidar que esta semilla ya se plantó en suelo panameño. Hace unos años, la entonces diputada veragüense Fátima Agrazal presentó con valentía el proyecto de ley para establecer la castración química en nuestro país. En su momento, la propuesta contó con el respaldo de una ciudadanía harta de la reincidencia, pero terminó engavetada y bloqueada por tecnicismos legales y el rechazo de sectores que priorizaron los derechos del victimario sobre el dolor de las víctimas.
Hoy, las estadísticas del Ministerio Público no mienten: los delitos contra la libertad e integridad sexual siguen siendo una herida abierta en provincias como Veraguas y Panamá Oeste. La justicia actual, simplemente, no está siendo suficiente.
Una urgencia nacional
Panamá debe mirar hacia Italia y entender que proteger la integridad física de un violador no puede estar por encima de la protección de la infancia panameña. Retomar la propuesta de la castración química no es un acto de «barbarie», como sugieren algunos críticos; es una medida de salud pública y de seguridad nacional.
Es momento de que los nuevos liderazgos en la Asamblea Nacional rescaten el espíritu del proyecto propuesto anteriormente por la exdiputada Agrazal. Necesitamos ciencia aplicada a la justicia: tratamientos médicos que reduzcan la libido de quienes han demostrado ser incapaces de controlarse, garantizando que no existan más víctimas en nuestras comunidades.